España recibirá a 1.200 refugiados en un mes y dedicará 1.400 millones a ayuda en la zona

José María Aznar, ayer, en el Congreso de los Diputados (EFE).

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El presidente José María Aznar eludió ayer comprometerse a recabar la autorización previa del Congreso antes de decidir una mayor implicación de España en la guerra de Kosovo, mediante el envío de tropas para una eventual invasión terrestre o la participación en un bloqueo naval, como le pidieron el portavoz socialista, José Borrell, y el de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio.

Aznar dijo que, si se produce una escalada bélica que suponga el empleo de medios no exclusivamente aéreos, "es evidente que el Gobierno comparecerá ante el Congreso a efectos de información y debate" y reiteró luego que habrá una comparecencia parlamentaria "si es necesario tomar decisiones de una mayor gravedad". No especificó, sin embargo, si acudirá al Parlamento antes o después de tomar la decisión y, mucho menos, si la opinión de los representantes de la soberanía popular será vinculante. Como él dijo, el compromiso de informar a las cámaras es una obviedad.

Pero lo que le habían pedido Borrell y Mauricio es que, como el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, o el primer ministro francés, Lionel Jospin, se comprometiera a someter a aprobación previa del Parlamento cualquier decisión que incremente la implicación de España en la guerra.

Compromiso del 30 de marzo

Aznar se olvidó incluso del compromiso que adquirió ante el Congreso el pasado 30 de marzo de fijar, a través de una resolución parlamentaria, "los criterios en relación con lo que debe ser la participación española" en operaciones como la de Kosovo.

Esta resolución, que el presidente anunció para antes de la cumbre de Washington, resulta más necesaria tras su celebración, pues el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN señala que la participación en operaciones fuera de área "quedará sometida a las decisiones que tomen los Estados miembros, conforme a sus Constituciones nacionales". En el caso de España, además del artículo 63.3 de la Constitución -que atribuye al Rey, previa autorización de las Cortes, la declaración de guerra-, sólo existe una resolución del Congreso de octubre de 1995 que prohíbe la participación de tropas españolas en operaciones de paz sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

El pleno celebrado ayer por el Congreso -en el que, de nuevo, la guerra de Yugoslavia se mezcló con otro asunto, en este caso la cumbre de Washington- no fue un verdadero debate, pues no hubo confrontación de propuestas y opiniones. Lo impidió el formato elegido por el Gobierno: la oposición no tuvo derecho a réplica y Aznar contestó de una vez las intervenciones de nueve oradores, eligiendo qué argumentos contestaba a cada uno. Tampoco fue una sesión informativa. O, al menos, aportó escasa información.

La principal novedad consistió en el anuncio de que, a los 207 albanokosovares acogidos ya en España, se sumarán el próximo viernes 250 más, que serán instalados en un centro del Instituto de la Juventud en Mollina (Málaga).

A éste le seguirán sucesivos grupos de 250 semanales, "hasta alcanzar 1.200 en los primeros días de junio". Aznar no aclaró cuántos refugiados serán acogidos en total, y señaló: "Una vez alcanzado ese primer objetivo, analizaremos la conveniencia y necesidad de ampliarlo". Su segundo anuncio fue que "el Gobierno reserva 7.000 millones de pesetas de créditos FAD [a largo plazo y bajo interés] para la fase de reconstrucción [de los Balcanes] y va a realizar una convocatoria extraordinaria, destinando hasta 1.400 millones de pesetas para proyectos de ONG en la zona de conflicto".

La dotación de un fondo para subvencionar las actividades de las ONG en la zona supone una novedad, pero Aznar no dijo que estos 1.400 millones vayan a salir de un crédito extraordinario, por lo podría tratarse de una reorientación y no de un aumento de los gastos sociales ya aprobados.

"Debería haber traído usted un crédito extraordinario, con la seguridad de que hubiese sido aprobado por esta Cámara", le dijo Borrell, "y así no habría obligado a su vicepresidente a hacer las cuentas del gran capitán para explicar a los españoles que los 8.000 millones de pesetas no es sino el gasto del personal militar desplazado a Albania".

Borrell se refería a los 8.000 millones de ayuda de emergencia prometidos el pasado 5 de abril por Aznar, un compromiso que Francisco Álvarez Cascos dio por cumplido la semana pasada al incluir en esta partida los más de 7.000 millones que cuesta el contingente militar que está levantando un campamento para 5.000 refugiados en Albania. El presidente no se refirió ayer a esta cifra, pero sí defendió la legitimidad de sumar toda la ayuda humanitaria "aunque la hagan militares".

Ayer mismo, y éste fue el último anuncio de Aznar, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, emprendió un precipitado viaje a Albania, para visitar a los militares españoles. Hoy será el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, quien viaje por sorpresa a Moscú para entrevistarse con su colega ruso, Igor Ivanov, en lo que constituye la primera iniciativa diplomática española desde el comienzo de los bombardeos. Ente el 16 y el 19 de este mes será el propio Aznar quien realice una visita oficial a Rusia.

El presidente defiende los ataques a pesar de los errores

M.G, Madrid
José María Aznar rechazó ayer las críticas a los bombardeos sobre Yugoslavia, alegando que "la unidad y cohesión de los aliados es un elemento básico" de la estrategia de la OTAN. "Si se traduce cualquier sensación de debilidad o división", advirtió, el objetivo de doblegar al presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, "no será posible".

Frente a quienes han acusado a la Alianza Atlántica de "imprevisión", dijo que las operaciones militares "se están ciñendo al plan" aprobado y "están cumpliendo sus objetivos", como demuestran, a su juicio, las crecientes fisuras en el régimen de Belgrado.

No obstante, afirmó que "no es descartable ninguna opción" y que, si los ataques aéreos no fueran suficientes, están "preparadas todas las eventualidades", en referencia a una invasión terrestre.

Ya en la réplica, admitió que los frecuentes errores en los bombardeos, con su secuela de víctimas civiles, pueden "suscitar dudas y desasosiego", pero agregó que estos fallos "se lamentan" y "hay que asumirlos", ya que "la perseverancia es fundamental para el éxito" y abstenerse ante el genocidio perpetrado por Milosevic "sí que hubiera sido criminal".

No a la independencia

Aznar avanzó algunos de sus criterios, muy pocos, sobre el desenlace de la crisis. Dijo que el Gobierno español ha sido y es partidario, "en la medida de lo posible", de mantener la integridad territorial de Yugoslavia, evitando la segregación o partición de Kosovo. No puso como condición para acabar el conflicto la sustitución de Milosevic, pero sí afirmó que la estabilización de los Balcanes "no puede asegurarse hasta que Serbia realice su transición hacia la democracia".

Respecto a la composición de la fuerza multinacional que debe desplegarse en Kosovo para garantizar el retorno de los refugiados, dijo que "la OTAN debe tener una responsabilidad especial como núcleo central" de la misma.

"Hemos decidido que lo que hemos empezado juntos, lo acabaremos juntos", fue su resumen de la cumbre celebrada entre el 23 y el 25 de abril en Washington por los líderes de la OTAN. Para Milosevic, agregó, "no hay otra alternativa" que aceptar las condiciones de la Alianza, pues "no se aceptará ninguna iniciativa que pretenda la división de los aliados o ganar tiempo".

En el fondo y en la forma, Aznar estuvo ayer mucho más cerca de su ministro de Defensa, Eduardo Serra, que del de Exteriores, Abel Matutes.

Muchas comparecencias y muy poca información

M. G, Madrid
El Gobierno distribuyó ayer, durante el pleno, un cuadro para demostrar que el presidente español y sus ministros son los que más han comparecido en el Parlamento para hablar de Kosovo. Según este cuadro, en España ha habido 11 comparecencias, frente a seis en Francia o cuatro en el Reino Unido y Alemania. Es difícil verificar el rigor de los datos de otros países, pero de España puede afirmarse que no son exactos. Se han olvidado de las comparecencias en el Senado. Ello explica que, en el mismo escrito, se acusara al PSOE de no haber hecho ninguna pregunta oral sobre esta crisis. La hizo el senador socialista Juan José Laborda y la contestó el ministro Eduardo Serra.

El problema no es de falta de comparecencias, sino de información. Anguita no consiguió ayer que Aznar le contestara cuánto está gastando España en la guerra y con qué partida se paga. Tampoco se explica cuánto se destinará a ayuda humanitaria y con cargo a qué presupuesto.