EL
MUNDO, SOCIEDAD
Martes, 8 de febrero de 2000
PRIMER
PLANO
Prosigue la violencia racista en El Ejido y se producen las primeras
detenciones
Piquetes de vecinos queman cuatro chabolas de inmigrantes, cortan
carreteras y fuerzan el cierre de comercios - Marruecos protesta oficialmente
por los ataques.
SUSANA VILLAVERDE. Enviada especial
EL
EJIDO.- Varias columnas de humo despidieron ayer el día en
El Ejido. Mientras varios piquetes de vecinos, algunos armados con
barras metálicas, incendiaron cuatro chabolas de inmigrantes,
los marroquíes dieron su réplica quemando un invernadero.
Los
incidentes de mayor gravedad y tensión volvieron a producirse
en las calles del centro de la población y en la Loma de la
Mezquita, donde un cordón policial trató de impedir
que grupos de incontrolados llegasen a las chabolas y viviendas de
los magrebíes.
Durante
todo el día, los vecinos cortaron carreteras en protesta y
forzaron el cierre de los comercios del pueblo regentados por magrebíes.
La Guardia Civil tuvo que proteger a un grupo de inmigrantes que volvían
de trabajar en invernaderos porque un grupo de vecinos armados les
impedía acceder al barrio donde residen.
Cuatro
vecinos, tres de ellos inmigrantes, tuvieron que ser ingresados. Mientras,
el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, señaló que los
últimos altercados contra inmigrantes, a raíz del asesinato
de la joven Encarna López, «no es lo que la mayoría
del pueblo quiere».
En
los despachos, el delegado del Gobierno de Andalucía, José
Torres Hurtado, hacía frente a las críticas de pasividad
policial y daba cuenta de los detenidos y de las medidas que habían
acordado, ese mismo día, el Gobierno y la Junta de Andalucía
-constituidos en gabinete de crisis- para acallar las demandas de
los ejidenses de mayor seguridad ciudadana.
Por
un lado, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y
la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Asuntos Sociales, acordaron ayer iniciar una colaboración
extraordinaria para desarrollar un programa de apoyo urgente para
la integración de inmigrantes en Almería.
Además,
Torres Hurtado se comprometió ante los vecinos a atender sus
antiguas peticiones de seguridad ciudadana. Confirmó también
que la policía y la Guardia Civil han detenido a ocho personas,
todos ellas españolas, por presuntos delitos de alteración
del orden público y desobediencia. La última, el agresor
del subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso.
Pero,
a tenor de lo visto ayer, todavía sigue sin verse el final.
La violencia se sucedió durante todo el día, desde los
puntos conflictivos de El Ejido (la Loma de la Mezquita y Santa María
del Aguila) los exaltados transmitieron su locura a municipios cercanos.
Un
último incendio, el del almacén exterior de una fábrica
de reciclado de plástico agrícola en el barrio de Las
Norias, se añadió a última hora de los de las
chabolas y el invernadero.
Una
decena más de heridos -la cifra oficial es de medio centenar
desde que estalló la protesta el sábado- llegó
al Hospital de Poniente y a los centros de salud.
Han
sido más de tres años de protestas continuadas por parte
de los vecinos del Campo de Dalías ante el aumento de la delincuencia
entre marroquíes y argelinos.
En
15 días, dos agricultores y una joven han muerto a manos de
magrebíes y la policía no puso obstáculos a los
españoles de la zona para arrasar los comercios y establecimientos
de los que denominan despectivamente moros. Han quemado chabolas,
han sacado a inmigrantes de los coches para incendiarlos y han corrido
con palos en alto tras ellos.
Por
fin, Torres Hurtado anunció ayer que se va a incrementar la
vigilancia policial en el Poniente almeriense y que se van a llevar
a cabo las detenciones que sean precisas «para impedir altercados
y evitar que la gente se tome la justicia por su cuenta». A
las preguntas de los periodistas de por qué no se detuvo a
los manifestantes que iban armados con palos, Torres argumentó:
«Llevar un palo no es delito, porque no es un arma de fuego».
Juan
Cotino, director de la policía nacional, tuvo que reconocer
que la orden de intervención llegó un poco tarde. Los
agentes del orden -unos 600 en estos momentos- vigilarán, de
ahora en adelante, los campos de plástico donde trabajan los
africanos. La dotación policial se hará más presente
en El Ejido para responder también a la demanda de los agricultores
y del pueblo, al menos «hasta que las circunstancias se tranquilicen».
El
representante del Ejecutivo central y el alcalde de la localidad,
Juan Enciso (PP), se reunieron con dos representantes de los manifestantes
que ayer ocuparon de nuevo las principales calles y zonas de la población,
quienes insistieron en la falta de policías y la inseguridad
ciudadana.
