GUATEMALA, UN PAÍS PER CONSTRUIR
Elaborat per la fundació CIDOB
per al Forum de les Cultures

Claves del conflicto

La evolución histórica de Guatemala muestra como principal característica la ausencia crónica de un proyecto de Estado nacional que englobe a toda la sociedad, hecho que ha fomentado una tensión social latente que ha provocado que la violencia se haya instalado de forma permanente en la vida del país. Entre las causas principales de esta situación destacarían el desigual reparto de los medios de producción y la falta de integración social de la gran mayoría de la población de origen indígena. Un caso singular sería la alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de una oligarquía agraria, que ha dado como resultado el subdesarrollo crónico de amplias capas de campesinos condenados a niveles casi de supervivencia.

Mientras, en el entorno favorable que creó el Mercado Común Centroamericano (MCCA) durante los años 60 y 70, se desarrolló un incipiente sector manufacturero de bienes de consumo básico, especialmente la alimentación, las bebidas, el tabaco y los textiles, junto con la construcción y los servicios. El carácter urbano y más lucrativo de estas actividades contribuyó a favorecer otro contraste en el país, acentuando la profunda división social y cultural entre el campo y la ciudad. A título de ejemplo, las actividades agrarias, que ocupan a casi el 60% de la población activa generan tan sólo una cuarta parte de la renta nacional.

Las desigualdades sociales también se hacen evidentes si observamos los indicadores de educación, salud y distribución de la riqueza, que se encuentran entre los menos favorables del entorno latinoamericano. Guatemala, que tiene 11 millones de habitantes, presenta tasas de analfabetismo próximas al 40% y una esperanza de vida de poco más de 60 años. Por otro lado, mientras que la mitad de los hogares del país viven por debajo del lindar de la pobreza, un privilegiado 10% de la población capta cerca del 45% de los ingresos nacionales.

Este modelo económico y social, que muchos analistas llaman de exclusión, tiene su corolario en la organización de la vida política en Guatemala. La pauta histórica ha sido una larga tradición de gobiernos autoritarios y dictatoriales, sin controles legales ni institucionales, que a menudo han utilizado la violencia y el terror para imponer el orden. De esta manera, en Guatemala no ha tenido lugar la oportunidad de generar espacios estables de expresión y participación política y social de la ciudadanía, hecho que ha fomentado la anomía de una mayoría de la población. En cambio, se han desarrollado contrapoderes que, al mismo tiempo, han entrado en la lógica de la violencia, como ha sido el caso de la guerrillas. La situación desembocó en una espiral de represión por parte del Estado que tuvo consecuencias realmente catastróficas.

Para los elementos más reaccionarios de la oligarquía guatemalteca, impregnados de una concepción patrimonialista del poder y la economía, la población indígena no entraba en la categoría de ciudadano con quien se establecen negociaciones que eventualmente puedan conducir a acuerdos. Este axioma lleva a interpretar la voluntad indígena de emancipación económica y social como un atentado contra el orden que entra en la categoría de rebelión.

Una cosa parecida se ha producido con los movimientos sociales urbanos, que se canalizaban preferentemente hacia el sindicalismo, el movimiento estudiantil y las organizaciones populares. Las instancias de poder generalmente no les han reconocido como interlocutores, sino más bien como agentes subversivos a quienes se tenía que combatir. También cabe señalar que los grupos guerrilleros, en su estrategia de vanguardia que opta por la vía armada de toma del poder, arrastraron a los movimientos rurales y urbanos, subordinándolos en muchas ocasiones al servicio de su lucha política.

En esta dinámica de violencia y como resultado de la acción extremadamente represora del Estado, Guatemala presenta un balance de terror y violaciones de los Derechos Humanos aterrador. Se estima que el total de víctimas en 36 años de conflicto supera las 100.000 personas y que un millón de habitantes huyeron de sus lugares de residencia, convirtiéndose en refugiados externos o desplazados internos.

Antecedentes y evolución del conflicto

En Guatemala se vivió una etapa reformista conocida como la Primavera Democrática (1944-1954). Entre las medidas más importantes que se aplicaron destaca la reforma agraria, que hubiese implicado un impulso para el país por el hecho de ampliar la base económica de la población. Desgraciadamente, la oligarquía nacional y notables compañías extranjeras, como la norteamericana United Fruit, se opusieron enérgicamente y acabaron derrocando al Gobierno con la ayuda militar de los Estados Unidos. Este episodio ha marcado un hito importante en la historia guatemalteca contemporánea, generando frustraciones y odios que nutrieron la conflictividad y la violencia.

En este contexto, y paralelamente a los movimientos guerrilleros que surgieron en diversos países latinoamericanos siguiendo el ejemplo cubano del foco insurreccional, aparecen las guerrillas en Guatemala. En su origen estaban compuestas por varias organizaciones, con tendencias divergentes de la ideología marxista y diferente implantación al campo o a la ciudad. Después de sufrir varias derrotas que casi supusieron su desaparición, en el año 1982 se englobaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Aunque continuaron reafirmando su intención de luchar por un cambio revolucionario en el país, su discurso ideológico y sus programas se identificaron más con elementos nacionalistas, concediendo una consideración particular a la mayoritaria población indígena, hecho que contribuyó a aumentar sus efectivos y a obtener un apoyo social significativo.

Mientras, los gobiernos militares se fueron sucediendo, mediante elecciones fraudulentas o golpismo, y algunos de ellos aplicaron además una estrategia represiva feroz. En la primera mitad de la década de los años 80, los gobiernos de los generales Romeo Luces y Efraín Ríos Montt impulsaron una campaña contrainsurgente de tierra arrasada que destruyó las bases de apoyo civil de la guerrilla y redujo sustancialmente sus áreas de influencia. A parte de su naturaleza autoritaria y su predilección por la acción represora violenta, estos gobiernos temían mucho que se reprodujera en Guatemala el éxito de la revolución sandinista en Nicaragua o la capacidad militar de la guerrilla salvadoreña.

Los primeros indicios de la ruta hacia la pacificación empezaron a perfilarse a finales de los años 80. Confluyeron varios elementos internacionales e internos. La crisis centroamericana, con conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, movilizaron diferentes países de América Latina y Europa para intentar articular mecanismos de paz en la región. Un momento significativo fue la firma, en el año 1987, del llamado Acuerdo de Esquipulas por parte de los presidentes centroamericanos, en el que se establecía el compromiso interno y los procedimientos para pacificar estos países, que incluían el apoyo y la verificación internacional. Esta vía de mediación internacional, que fue organizada y dirigida instrumentalmente por las Naciones Unidas, ha representado un apoyo providencial para las negociaciones y los acuerdos de paz.

En el ámbito interior, a partir de la nueva Constitución de 1985 y la elección de un presidente civil en 1986, Guatemala inició un arduo proceso de transición democrática que aún hoy pugna por consolidarse. Desde el principio no ha sido fácil desarrollar las instituciones y la práctica cotidiana de una convivencia democrática. Además, el proceso de las negociaciones que culminaron en el acuerdo de paz de 1996 ha estado lleno de altos y bajos y continuamente ha interferido en la vida política del país.

El patrón económico y social tan desigual de Guatemala ha podido sostenerse por la práctica continuada de políticas autoritarias por parte de unas élites muy reaccionarias, que no han dudado en utilizar las Fuerzas Armadas para contener la capacidad reivindicativa de las mayorías populares y para combatir las guerrillas. Posteriormente, la apuesta de estas mismas élites por la paz y la democracia se basa de alguna manera en la previsión de seguir acaparando el máximo poder con las imprescindibles concesiones políticas y económicas. Aquí cabe señalar la división entre una derecha modernizadora, presente en el Partido de Avanzada Nacional (PAN), que proyecta una transformación económica de talle neoliberal, y otra más reaccionaria que combina la defensa de los privilegios con algunas características de populismo, representada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el general y líder del movimiento evangélico Efraín Ríos Montt.

Por su parte, la URNG ha batallado en la negociación para su incorporación en la vida pública con plenas garantías de seguridad, una transformación de la estructura política e institucional, incluyendo una significativa desmilitarización de la sociedad, y el objetivo de cambiar el modelo socioeconómico. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, esta nueva empresa se encontrará con otras organizaciones cívicas (sindicales, indígenas, de Derechos Humanos, asociaciones profesionales, etc.) que hace mucho tiempo que luchan para una ampliación de la democracia y la satisfacción de sus reivindicaciones. Algunos observadores señalan la posibilidad que entre todos consigan articular una fuerza política progresista con capacidad de actuación en el espacio democrático que se está perfilando en Guatemala.

Condiciones actuales

Aunque 3 años sin conflicto armado ya constituya en si mismo un elemento positivo considerable, el camino hacia la consolidación de la paz y la construcción de un país donde quepan todos los guatemaltecos será aún muy largo y difícil de conseguir. En gran parte porque los procesos puestos en marcha requieren un tiempo de maduración y no están exentos de contradicciones. Y también porque existen enquistamientos estructurales muy difíciles de resolver sin una férrea voluntad política.

La nueva definición de las relaciones civicomilitares continúa siendo uno de los focos de tensión. Aunque la significativa reducción de los efectivos militares y su progresiva sustitución por una Policía Nacional Civil para las tareas de seguridad interior, el poder militar aún es grande en la esfera institucional y fáctica. La política de renovación de comandos ha sido amplia, pero la orientación del Ejército hacia una real subordinación al poder civil aún no está bien definida y abundan los indicios de la fortaleza de los sectores militares duros. Esto se hizo manifiesto recientemente con las suaves sentencias aplicadas a los militares juzgados por una matanza de indígenas el año 1995.

Respecto a los Derechos Humanos, se estableció una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) con la tarea de investigar, a título informativo y en nombre de la reconciliación, las violaciones de los Derechos Humanos cometidos durante la guerra. La CEH presentó el mes de febrero de 1999 el informe final que registra más de 40.000 violaciones, de las cuales 29.000 consistieron en muertes o desapariciones. Esto puede significar otro foco de tensión sobre cómo determinar responsabilidades y si estas acciones tienen que ser eventualmente castigadas. De momento, la justicia se está mostrando muy reticente, aunque las organizaciones de Derechos Humanos siguen con su determinación de llegar hasta las últimas consecuencias.

En el ámbito económico, al tradicional sector agroexportador predominante se ha añadido recientemente la industria de ensamblaje de productos para la exportación. Ambos sectores comparten características que los hacen vulnerables al crecimiento y poco útiles para el desarrollo. En primer lugar, tienen una extremada dependencia de los mercados y los precios internacionales para vender sus productos y también para importar lo necesario para el desarrollo productivo. Todo eso con una muy limitada capacidad de intervención en la economía internacional. En segundo lugar, a parte de la utilización de las materias primas que genera el país, la otra ventaja comparativa importante es una fuerza laboral que se puede utilizar intensivamente con salarios muy bajos.

En definitiva, la base de acumulación es estrecha y redunda en una distribución del ingreso muy mezquina. Así se alimenta la pobreza estructural que exacerba más las desigualdades sociales, hecho que influye en las dificultades para rebajar las tensiones. De la misma manera, la capacidad estatal para generar recursos fiscales también es muy limitada, hecho por el cual Guatemala, de la misma manera que muchos países empobrecidos, depende en un grado muy alto de los subsidios externos, sean donaciones de otros países, remesas de emigrantes o créditos en condiciones favorables. Todos estos casos son remedios para hacer la vulnerabilidad más soportable, pero difícilmente podrán contribuir a un cambio en el modelo de desarrollo establecido.

Elaborado por la fundación CIDOB para el Foro de la Culturas