PAPELES DE CUESTIONES INTERNACIONALES:
Israel y los derechos humanos: el uso de la ley para justificar actos ilegales

EITEN FELNER


Tras la victoria de Ehud Barak en las pasadas elecciones de mayo, el proceso de paz entre árabes e israelíes se ha reactivado, aun1ue aún quedan muchas cuestiones por resolver, los asentamientos, el regreso de los refugiados, la delimitación, de las fronteras, la capitalidad de Jerusalén y la violación de los derechos humanos. Felner profundiza en algunos de estos temas.

Las recientes elecciones celebradas en Israel y el nombramiento de un nuevo Gobierno encabezado por Ehud Barak han suscitado sentimientos encontrados entre la comunidad de los defensores de los derechos humanos. Por una parte, se abre una nueva esperanza de reavivar el agonizante proceso de paz y abordar las causas fundamentales de conflicto entre israelíes y palestinos -asentamientos, refugiados, la condición de Jerusalén, la distribución del agua, por citar sólo algunos- dentro de las negociaciones finales sobre el estatuto legal. Por otra parte, algunos miembros del nuevo gabinete israelí -en particular Shlomo Ben Ami, ex embajador israelí en España, y Yossi Beilin, el arquitecto de Oslo- han declarado públicamente su compromiso con los principios de los derechos humanos y su incomodidad con algunas de las políticas actuales que aplica Israel en los Territorios Ocupados. Además, está el persistente recuerdo de que los antecedentes de Barak no auguran nada bueno para el futuro de los derechos humanos en los Territorios Ocupados. Cuando era un joven y prometedor oficial de la unidad más elitista del ejército israelí, Barak fue responsable personalmente de una operación de asesinato de palestinos en Beirut. Mas tarde, como jefe del Estado Mayor, tuvo la creativa ocurrencia de expulsar a los palestinos durante un periodo determinado de tiempo, para eludir la necesidad de ofrecer a los expulsados la oportunidad de recurrir contra la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel. Cabría haber esperado que esta disposición para aplicar medidas que equivalen a violaciones de derechos humanos no fuera más que un reflejo de la total identificación de Barak con su función militar y de su consiguiente voluntad de sacrificar las sutilezas de las normas internacionales y el bienestar de la población palestina en aras de la seguridad.

Sin embargo, desde que se despojó de su uniforme militar, Barak no ha mostrado una gran preocupación por los derechos fundamentales de la población palestina. En 1996, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, en una reunión con representantes de los países donantes de la Autoridad Palestina, propuso una lista de medidas que podía adoptar la Autoridad Palestina para combatir el terrorismo, en la que se incluía detenciones, juicios, encarcelamientos y registros de viviendas. Después añadió: "Arafat, puede hacer lo que hacen los lideres de otros países árabes".

El aspecto más inquietante en relación con los derechos humanos en Israel no es ni el alcance ni la gravedad de las violaciones de estos derechos en si mismos. Decenas de gobiernos y de fuerzas policiales de todo el mundo tienen historiales de violaciones de derechos humanos más brutales que el de Israel. Lo mas alarmante -y lo que confiere a los abusos que se cometen en Israel su carácter único- son los incesantes esfuerzos que hace el Estado para legitimar abiertamente unos actos ilegales, para justificar lo que no se puede justificar. "Hay dos formas de luchar -sostiene Nicolás Maquiavelo en El Príncipe-, con la ley o con la fuerza". Con demasiada frecuencia durante su breve existencia. Israel ha empleado la primera para justificar la segunda.

Torturas, toma de rehenes y asesinatos

 La justificación que esgrime Israel para emplear la tortura es el ejemplo más conocido de sus esfuerzos por legalizar actos censurables. Amnistía Internacional declaró en cierta ocasión que la tortura es la forma de violencia que los Estados siempre negarán y nunca justificarán. Israel ha demostrado a Amnistía que estaba en un error, pues es el único país del mundo que ha legalizado la tortura, tanto en el plano retórico como en el judicial.

Los palestinos interrogados por el Servicio General de Seguridad (GSS) son sometidos habitualmente a los siguientes métodos de interrogatorio:

El GSS justifica estos métodos violentos de interrogatorio citando el informe de la Comisión Landau. La Comisión fue creada en 1987, bajo la dirección del ex presidente del Tribunal Supremo israelí, Moshe Landau, para analizar las prácticas de interrogatorio del GSS, que concluyó que este organismo podía emplear la presión psicológica no violenta durante interrogatorios intensos y continuos", así como un "grado moderado de presión física".

En Israel, la tortura está institucionalizada, en tanto está regulada por unas normas detalladas y unos procedimientos escritos. Un amplio contingente de funcionarios públicos participa en su práctica. Además de los agentes del GSS, que la infligen directamente, existe un comité ministerial encabezado por el primer ministro que supervisa los procedimientos, hay médicos que determinan si un detenido es médicamente apto para soportar la tortura; los fiscales defienden la práctica en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia, sin haber resuelto si es legal en principio, a ha legalizado de hecho al aprobar su uso en casos concretos.

La toma de rehenes es otro ejemplo de cómo Israel cubre con un manto de legalidad la infracción de normas fundamentales del derecho internacional. Las autoridades israelíes mantienen en la actualidad a unos veinte ciudadanos libaneses en reclusión dentro del territorio de Israel. La mayoría de estos "presos" no han sido acusados formalmente ni juzgados; otros siguen en prisión después de haber cumplido sus condenas; algunos llevan hasta once años privados de libertad. En noviembre de 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Israel confirmó la reclusión administrativa de diez de estos ciudadanos libaneses en calidad de "piezas para la negociación", para tratar de obtener a cambio el regreso de los soldados israelíes desaparecidos. En otras palabras, el tribunal declaró que era legal mantener a personas en prisión en calidad de rehenes.

La toma de rehenes conculca el derecho internacional y puede ser justificada. Resulta una amarga ironía que el Gobierno israelí, -que normalmente está en la vanguardia de la lucha internacional contra el terrorismo-, haya adoptado una práctica que constituye uno de los sellos característicos de los grupos terroristas de todo el mundo.

Otro conocido ejemplo del intento de Israel de legalizar unos actos ilegales es la práctica de las ejecuciones extrajudiciales. Tanto en los Territorios Ocupados como en el resto del mundo, los agentes de los servicios de seguridad israelíes han sido presuntamente responsables de los homicidios de supuestos terroristas como Abu Yihad, Falhi Sinikaki y Yahya Ayyash. Israel reconoció su responsabilidad en el intento de asesinato del líder de Hamas, Jaled Mesh'al, perpetrado en septiembre de 1997 en Anmmán. Aunque el Gobierno creó inmediatamente una Comisión de Investigación, el mandato de ésta se circunscribía a averiguar por qué fracasó el intento de asesinato, y no por qué se cometió el intento en sí. Tras la chapuza, varios altos cargos israelíes admitieron y defendieron públicamente la política israelí de asesinar a terroristas, afirmando que en su justa guerra a ultranza contra el terrorismo, Israel no iba a abstenerse de matar a presuntos "lideres guerrilleros […] dondequiera que estén".

El desposeimiento organizado en los Territorios Ocupados

Esta práctica de conferir sistemáticamente a las abiertas violaciones de derechos humanos de Israel un halo de legitimidad no se limita a medios represivos como los homicidios, las detenciones arbitrarias y la tortura, sino que también caracteriza los esfuerzos colonialistas israelíes. En más de treinta años de ocupación, Israel ha creado todo un sistema legal y administrativo que viene permitiendo la implantación de medidas que perpetúan el control israelí en los Territorios Ocupados.

El establecimiento de asentamientos israelíes constituye, de entre todas estas medidas, la dominante. Crear asentamientos civiles permanentes en los Territorios Ocupados constituye una violación del derecho internacional humanitario, que prohibe a las potencias ocupantes el traslado de población desde su territorio al territorio que ocupa. No obstante, y recurriendo a diversos medios burocráticos -que van desde la expropiación de tierras propiedad de particulares hasta la proclamación de las tierras palestinas como "tierras del Estado"-. Israel ha arrebatado de hecho alrededor del 20% de la franja de Gaza y más de una tercera parte de Cisjordania a sus propietarios palestinos, en provecho de los colonos judíos.

Las actuaciones legales también legitiman la política conexa de Israel de demoliciones de viviendas en Cisjordania. El argumento de Israel es sencillo: los palestinos edifican a menudo sin el correspondiente permiso, una práctica considerada intolerable por cualquier autoridad de urbanismo- por tanto, la demolición de estas casas es legítima. Pero esta argumentación hace caso omiso del hecho de que las normas que regulan la concesión de los permisos de urbanización. zonificación y edificación en Cisjordania están condicionadas desde hace años por consideraciones de carácter geopolítico de mucho peso. Hoy, miles de palestinos no pueden obtener un permiso para edificar en sus tierras. Para limitar la edificación palestina, la planificación urbana en las ciudades y pueblos palestinos está prácticamente congelada. Planes de urbanización de más de cincuenta años de antigüedad determinan la aprobación o, en la mayor parte de los casos, la denegación, de las solicitudes de permisos para construir. El registro de la propiedad de las tierras lleva treinta años congelado, por lo que los propietarios de tierras no pueden probar su titularidad. Por otra parte, son los israelíes, y no los palestinos, quienes dirigen a las autoridades que regulan la edificación. Los palestinos que quieren construir con un permiso en sus propias tierras en la Zona C deben atravesar un proceso largo, complejo y costoso que, por lo general, termina en la denegación.

Ante esta situación, y a falta de cualquier otra opción, muchos palestinos edifican casas sin el preceptivo permiso para poder vivir ellos y sus familias y, como resultado, quedan a merced de la política de demolición masiva. Desde 1988, Israel ha demolido más de 2.200 viviendas palestinas. En cambio, ha concedido permisos ex post factum a miles de edificios construidos sin autorización en los asentamientos judíos.

Jerusalén: ciudad de la luz, ciudad de la tragedia

 Las políticas israelíes aplicadas en Jerusalén Oriental en los últimos treinta años muestran de forma manifiesta el modo omnipresente e insidioso con que el Estado emplea su burocracia como instrumento para la dominación y la exclusión políticas. Desde la anexión de Jerusalén Oriental en 1967, el desarrollo urbano de la ciudad se basa fundamentalmente en la política, y no en el bienestar público. La norma es la discriminación sistemática y no la cualidad, habida cuenta de que las autoridades obligan sistemática mente a los palestinos a marcharse de la ciudad en lugar de actuar para mejorar su bienestar. Tanto bajo los Gobiernos del Likud como bajo los laboristas, las medidas adoptadas por Israel en la ciudad han tenido un objetivo central: establecer una realidad demográfica y geográfica que impida cualquier cuestionamiento en el futuro de la soberanía israelí en Jerusalén Oriental.

Para alcanzar este objetivo, la política urbanística de Israel fomenta la inmigración judía a Jerusalén y la emigración palestina de la ciudad. En la zona oriental se han construido masivamente barrios judíos sobre tierras palestinas. De hecho, desde 1967 Israel ha expropiado más de una tercera parte de los terrenos de Jerusalén Oriental. Aunque los palestinos eran propietarios de la mayor parte de estos terrenos, se han construido sobre ellos alrededor de 40.800 viviendas para Judíos. Al mismo tiempo, no se ha construido ni una sola vivienda para los palestinos, que constituyen casi un tercio de la población de la ciudad. Los urbanistas y arquitectos de la ciudad calculan que el déficit de viviendas entre los palestinos es superior a las 20.000.

Existe otra estrategia, menos llamativa, pero no menos eficaz. Por medio de millares de medidas urbanísticas, tomadas a espaldas de la ciudadanía, las autoridades israelíes han estrangulado el desarrollo de los barrios palestinos y limitado el crecimiento natural de la población palestina, reforzando así el control israelí en Jerusalén. Por ejemplo, las autoridades urbanísticas israelíes aprueban por sistema sólo un pequeño número de permisos de edificación en los barrios palestinos, ignorando abiertamente las necesidades actuales y futuras de la población palestina.

Esta política de discriminación ha afectado profundamente las condiciones de vivienda dentro de los barrios palestinos. A finales de 1996, la densidad media de la vivienda entre los judíos de Jerusalén era de 1,1 personas por habitación, mientras que entre los palestinos era de 2,1 personas. Este desfase de casi el 100% duplica el que existía en 1967. Casi un tercio de los palestinos de Jerusalén padecen condiciones de hacinamiento extremo, en las que comparten habitación tres personas o más. Menos del 3% de los judíos vive en esta situación.

Desde diciembre de 1993, los esfuerzos de Israel por asegurar su soberana en Jerusalén Oriental han adoptado un carácter nuevo, más severo. Tras una cortina de trámites burocráticos de formularios, sentencias judiciales y normas, Israel está perpetrando una expulsión silenciosa de palestinos de Jerusalén Oriental. Cierto es que no hay soldados que obligan a la gente a subir a los camiones. Aun así, Israel ha obligado a miles de palestinos a marcharse de sus casas, negándoles la posibilidad de ejercer su derecho fundamental a vivir en la ciudad donde nacieron.

El Ministerio del Interior supervisa y lleva a cabo esta expulsión silenciosa, basada en gran medida en la revocación de la condición de residente de los palestinos de Jerusalén Oriental. La mayoría de los palestinos que viven en Jerusalén tienen la condición de residentes permanentes, que les confiere el derecho a vivir en la ciudad. Antes de 1996, los palestinos perdían su condición de residentes permanentes si vivían en un país extranjero durante más de siete años o se convertían en ciudadanos de otro país. Los palestinos que se trasladaban desde Jerusalén a otras partes de los Territorios Ocupados no corrían el riesgo de perder esta condición de residentes. Ahora esta política ha cambiado. Cuando los palestinos no pueden probar que su "centro de vida" se circunscribe exclusivamente a Jerusalén, el Ministerio del Interior revoca su condición de residentes permanentes.

La pérdida de la condición de residente no sólo impide a los palestinos vivir en la ciudad donde nacieron, sino que también les niega las prestaciones sociales a las que tienen derecho. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (NII) actúa para alcanzar el mismo objetivo que el Ministerio del Interior: obligar a los residentes de Jerusalén Oriental a salir de la ciudad. El Nll está predispuesto a sospechar que todo residente de Jerusalén Oriental que solicita una prestación no reside en realidad en la ciudad y, por tanto, no tiene derecho a recibir prestaciones ni a gozar del seguro de enfermedad. Debido a la política vigente del NII, la organización Médicos por los Derechos Humanos estima que cerca de diez mil niños palestinos de Jerusalén Oriental carecen de seguro de enfermedad. En suma, el NII ha pasado de ser una entidad que promueve el bienestar social a ser una entidad que sirve a un objetivo político ilegítimo.

En su autobiografía, Nelson Mandela recuerda cómo, cuando ejercía de abogado y activista, pasó "de tener un punto de vista optimista de la ley como espada de justicia, a una percepción de la ley como una herramienta que utilizaba la clase gobernante para controlar a la sociedad de una forma que le fuera favorable". Lamentablemente, Israel se basa en la ley para pisotear derechos fundamentales: desde la sanción de la tortura hasta la toma de rehenes, desde la creación de asentamientos hasta la demolición de casas, desde la expulsión de centenares de palestinos hasta la discriminación deliberada de la población palestina en todo lo relativo a la expropiación de tierras, el urbanismo y la construcción.

Tomadas en conjunto, estas políticas revelan que el abuso de la ley para justificar violaciones de derechos humanos es una característica arraigada en la ocupación israelí. Mediante violaciones flagrantes del derecho internacional, Israel mina unos principios minuciosamente establecidos en los últimos cincuenta años. El nombramiento de un nuevo gobierno en Israel ofrece una oportunidad para cambiar la ley y hacer que se convierta, de espada de la opresión, en espada de la justicia.