EL CASO DE GUATEMALA


En esta unidad didáctica trabajaremos toda esta problemática a través del caso de Guatemala, inmerso plenamente en este debate después que la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentara una demanda por genocidio, tortura y terrorismo de Estado en contra de diversos generales, exjefes de estado y otros altos cargos guatemaltecos en la Audiencia Nacional de España el pasado 2 de diciembre de 1999.

Guatemala vivió un conflicto armado entre 1962 y 1996, cuando se llegó a la firma de unos Acuerdos de Paz entre el Gobierno de la República de Guatemala y la URNG. Entre las principales causas que motivaron el conflicto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), instancia nacida a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, cita las siguientes:
También el contexto internacional de la Guerra Fría y el papel de los Estados Unidos influyeron de forma determinante en la evolución del conflicto. De esta manera se desencadenó un círculo vicioso entre injusticia social, protestas y represión que enquistó el conflicto durante más de treinta años.

Para terminar de contextualizar el caso de Guatemala en el marco de un conflicto armado que duró más de treinta años podéis consultar los textos de apoyo adjuntos. Incorporamos primero un resumen esquematizado de los principales contenidos del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Después podéis encontrar un fragmento de un artículo de Rachel Sieder, investigadora del Institute for Latin American Studies de la Universidad de Londres situando el contexto histórico del conflicto. Finalmente, se ha incorporado una síntesis histórica del conflicto (claves principales, antecedentes y evolución del conflicto y condiciones actuales) elaborado por la Fundación CIDOB para el Observatorio de Conflictos del Forum 2004. Si queréis terminar de ampliar esta información podéis consultar también la bibliografía y los recursos en internet adjuntos.
En relación a la querella presentada por Rigoberta Menchú, el Manifiesto que presentó la Plataforma Contra la Impunidad en Guatemala, conformada por numerosas entidades de Cataluña (en su WEB podéis encontrar los diferentes documentos del caso: http://impunidad.pangea.org/) el pasado 1 de junio del 2000 nos informa de las características más significativas de esta querella. La denuncia de Rigoberta Menchú se detenía en tres hechos concretos: los asesinatos de la Embajada de España en Guatemala, donde murieron su padre; el secuestro y el asesinato de su hermano Patrocinio y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles, Faustino Villanueva, Juan Alonzo Fernández, J.M. Gran Cirera y Carlos Pérez Alonzo, como ilustración de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de estado que se denuncian. Otras acusaciones, particulares o populares, que se han adherido a la querella han ido incorporando nuevos hechos.

Las personas que señalaba la querella como responsables de los delitos de genocidio y terrorismo de estado eran los Generales Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Fernando Romeo Lucas García y Ángel Aníbal Guevara Rodríguez; Donaldo Álvarez Ruiz, que fue Ministro de Gobernación; el Coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional durante el gobierno del General Lucas García; Pedro García Arredondo, jefe del "Comando Seis" de la Policía Nacional durante el gobierno del General Lucas García y el General Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del ejército durante el gobierno de Romeo Lucas García.

La demanda se fundamenta en los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (que podéis consultar a través de internet en http://hrdata.aaas.org/ceh/report/spanish/toc.html) ) y del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como el Informe REMHI.

Según estos informes, se desprende que en Guatemala se produjo un genocidio en el transcurso del conflicto armado. En este sentido "la CEH concluye que, en el marco de las operaciones contrainsurgentes llevadas a cabo entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya". En opinión de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera de control, ni fruto de una eventual improvisación de un comando medio del ejército. Contrariamente, formaba parte de una estrategia contrainsurgente de "quitarle el agua al pez" a través de la cual querían aislar la guerrilla de cualquier apoyo social.

Años después de los hechos que se narran en el Informe de la CEH, los tribunales de Guatemala se han mostrado incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos contra la humanidad. Aún más, la denegación sistemática y continua de justicia, la falta de independencia del Organismo Judicial y las violaciones constantes al proceso han construido las bases de la impunidad que han gozado hasta hoy los genocidas en el país. El panorama es desolador: en Guatemala no hay hoy en día ni un solo militar condenado por violaciones a los derechos humanos.